Cómo salvar el colegio secundario
Nélida Baigorria Para LA NACION
Nélida Baigorria Para LA NACION
El 28 de octubre LA NACION publicó un artículo de Mariano de Vedia con el título "Estudian cómo salvar al colegio secundario", en el cual decía que "la situación ha tocado fondo" y que tal realidad "llevó al Ministerio de Educación a iniciar una ronda de consultas para resolver cómo frenar la caída y acordar criterios para una nueva escuela secundaria".
El artículo informa sobre quiénes fueron convocados para esa "cumbre de especialistas". Y produce perplejidad advertir que se trata de las mismas figuras que durante décadas tuvieron responsabilidades de conducción o gestión educativa, de asesoramiento en organismos clave del ministerio y en las comisiones de trabajo del Poder Legislativo, que participaron en las deliberaciones del Consejo Federal de Educación, que viajaron al exterior y asistieron a múltiples congresos y seminarios, que difundieron teorías pedagógicas aberrantes, y que fueron, en síntesis, como lo denomina la jerga del derecho penal, partícipes necesarios en la elaboración de las políticas educativas fijadas por gobiernos para los cuales la prioridad de la educación es sólo un adorno retórico de sus promesas electorales, pero cuando llegan al poder usan al Estado como un instrumento subsidiario, que debe actuar sólo cuando la ley de la oferta y la demanda que impone el mercado no cumple las expectativas de las empresas de la educación privada.
El artículo informa sobre quiénes fueron convocados para esa "cumbre de especialistas". Y produce perplejidad advertir que se trata de las mismas figuras que durante décadas tuvieron responsabilidades de conducción o gestión educativa, de asesoramiento en organismos clave del ministerio y en las comisiones de trabajo del Poder Legislativo, que participaron en las deliberaciones del Consejo Federal de Educación, que viajaron al exterior y asistieron a múltiples congresos y seminarios, que difundieron teorías pedagógicas aberrantes, y que fueron, en síntesis, como lo denomina la jerga del derecho penal, partícipes necesarios en la elaboración de las políticas educativas fijadas por gobiernos para los cuales la prioridad de la educación es sólo un adorno retórico de sus promesas electorales, pero cuando llegan al poder usan al Estado como un instrumento subsidiario, que debe actuar sólo cuando la ley de la oferta y la demanda que impone el mercado no cumple las expectativas de las empresas de la educación privada.
¿Se descubre ahora, con inocente asombro, que se vive la etapa terminal de un ciclo secundario que ha dejado desguarnecidos de conocimientos elementales a millones de adolescentes, dentro de un mundo global, competitivo e insolidario, donde el saber es el arma más poderosa para el logro de lo que hoy se denomina la movilidad social ascendente?
Alexis de Tocqueville, el gran pensador del siglo XlX, acuñó una sentencia irrefutable: "Sólo cuando la libertad es muy antigua pueden cosecharse sus beneficios". Insisto en esto para que se comprenda que en educación todo proceso es también lento y los frutos llegan después. En nuestro país, el Estado desertor olvidó su deber para garantizar la educación popular; ese abandono se fue sedimentando a lo largo del tiempo. Fueron estériles las advertencias de quienes desde las aulas o los estrados del poder anunciábamos el derrumbe de nuestra brillante escuela pública, una de las primeras en proclamar lo que hoy es el lema de la Unesco: "Educación para todos".
En 1999 ya cité en un artículo el pensamiento de Tocqueville para aplicarlo al proceso educativo; casi una década después, la evidencia -criterio inapelable- devela qué se jugó en aquel debate parlamentario de septiembre de 1958, cuando en nombre de un sofisma: "libre" o "laica", se estaba abriendo el camino hacia la privatización de la enseñanza, logro consumado luego de cien años de lucha contra la escuela sarmientina de la igualdad de oportunidades y la integración nacional.
Como la intangibilidad de los hechos consumados ya es un dogma en nuestra demolida República, como las conquistas de los grupos de presión llevan el sello de lo irreversible, ningún gobierno surgido luego de la sanción del artículo 28 se atrevió a desafiar con una ley educativa democrática los estragos de esas concepciones que, plasmadas años más tarde en la ley federal primero y en su sucedánea la ley nacional de sanción reciente, culminaron legalizando 50 años de permanentes concesiones opuestas a la tradición argentina. Es necesario destacar, para comprender ese proceso de destrucción de la escuela pública, que los inspiradores o ejecutores revistan hoy en el Ministerio de Educación y aparecen ante la opinión pública como los hacedores de una nueva política educativa que enmendará errores del pasado.
¿Quiénes asumirán las responsabilidades que competen no sólo a los sucesivos gobiernos, sino también a la comunidad educativa toda, con especial acento en las entidades gremiales, que un día desplegaron una inmensa bandera y la pasearon por todo el país en contra de la ley federal y, al poco tiempo, la arriaron centrando sus reclamos en la " recomposición salarial"? ¿Para salvar al secundario se pedirá asesoramiento al ingeniero Rodríguez. A la señora Decibe, al sociólogo Filmus, a la señora Puiggrós, al señor Oporto, por citar sólo a cinco ministros de dos jurisdicciones, a sus equipos técnicos, a los que elaboraron los nefastos contenidos curriculares del polimodal, a los que defienden el principio de subsidiariedad del Estado, a las herméticas y silentes Academias?
Alexis de Tocqueville, el gran pensador del siglo XlX, acuñó una sentencia irrefutable: "Sólo cuando la libertad es muy antigua pueden cosecharse sus beneficios". Insisto en esto para que se comprenda que en educación todo proceso es también lento y los frutos llegan después. En nuestro país, el Estado desertor olvidó su deber para garantizar la educación popular; ese abandono se fue sedimentando a lo largo del tiempo. Fueron estériles las advertencias de quienes desde las aulas o los estrados del poder anunciábamos el derrumbe de nuestra brillante escuela pública, una de las primeras en proclamar lo que hoy es el lema de la Unesco: "Educación para todos".
En 1999 ya cité en un artículo el pensamiento de Tocqueville para aplicarlo al proceso educativo; casi una década después, la evidencia -criterio inapelable- devela qué se jugó en aquel debate parlamentario de septiembre de 1958, cuando en nombre de un sofisma: "libre" o "laica", se estaba abriendo el camino hacia la privatización de la enseñanza, logro consumado luego de cien años de lucha contra la escuela sarmientina de la igualdad de oportunidades y la integración nacional.
Como la intangibilidad de los hechos consumados ya es un dogma en nuestra demolida República, como las conquistas de los grupos de presión llevan el sello de lo irreversible, ningún gobierno surgido luego de la sanción del artículo 28 se atrevió a desafiar con una ley educativa democrática los estragos de esas concepciones que, plasmadas años más tarde en la ley federal primero y en su sucedánea la ley nacional de sanción reciente, culminaron legalizando 50 años de permanentes concesiones opuestas a la tradición argentina. Es necesario destacar, para comprender ese proceso de destrucción de la escuela pública, que los inspiradores o ejecutores revistan hoy en el Ministerio de Educación y aparecen ante la opinión pública como los hacedores de una nueva política educativa que enmendará errores del pasado.
¿Quiénes asumirán las responsabilidades que competen no sólo a los sucesivos gobiernos, sino también a la comunidad educativa toda, con especial acento en las entidades gremiales, que un día desplegaron una inmensa bandera y la pasearon por todo el país en contra de la ley federal y, al poco tiempo, la arriaron centrando sus reclamos en la " recomposición salarial"? ¿Para salvar al secundario se pedirá asesoramiento al ingeniero Rodríguez. A la señora Decibe, al sociólogo Filmus, a la señora Puiggrós, al señor Oporto, por citar sólo a cinco ministros de dos jurisdicciones, a sus equipos técnicos, a los que elaboraron los nefastos contenidos curriculares del polimodal, a los que defienden el principio de subsidiariedad del Estado, a las herméticas y silentes Academias?
En este amargo y oscuro panorama, surge un fulgor de esperanza, cuando a las denuncias de los maestros de tiza y pizarra, se anexa la interpretación del proceso de deterioro que expresó un grupo de alumnos de 5° año, primeras víctimas de un sistema que aniquiló las posibilidades de enriquecer su bagaje intelectual, fortalecer su voluntad en el ejercicio del esfuerzo que exige el estudio y defender la validez del principio de autoridad, que la demagogia y el facilismo anatematizaron.
El 9 de diciembre, en una nota de este mismo diario, alumnos que están por terminar quinto año hablaron sobre su experiencia escolar. Las coincidencias son sorprendentes; la primera, en que todos tuvieron conciencia del deterioro y de las causas que lo produjeron.
Consideran que el docente no puede ser un par del alumno, sino mantener la distancia que supone cada rol. Un joven, a punto de ser expulsado por mala conducta, con ayuda de una profesora de Geografía, se reintegra al estudio y concluye: "Los alumnos deben respetar a los docentes". Hay errores normativos que hacen que el colegio no tenga formas de sancionar y poner límites. "Cada vez los chicos desaprueban más, hay una desidia total y los padres no tienen el rol que debieran. También hay mucho de apañar al alumno."
En cuanto a contenidos curriculares, señalan la falta de pensamiento crítico. "Hay muchas personas que sólo repiten lo que otros dicen. Sabemos que la ignorancia es la base de la manipulación."
Estos testimonios no surgieron de un estudio de eminentes pedagogos; es el producto de cinco años de convivencia con una política educativa que buscó formar al hombre mediocre y al ciudadano adscripto al pensamiento mágico, susceptible de creer en salvadores providenciales y acatar órdenes sin pasarlas por el filtro de su razón. La decadencia de la educación es sincrónica con la destrucción de las instituciones de la República, que durante décadas hemos padecido los argentinos. Muchos nos iremos de la vida sin haber disfrutado de sus virtudes, pero con la conciencia de haber hipotecado en su defensa quizás otro brillante destino profesional. No busquemos como prioridad salvar el colegio secundario, si antes no nos convocamos para salvar a la República.
El 9 de diciembre, en una nota de este mismo diario, alumnos que están por terminar quinto año hablaron sobre su experiencia escolar. Las coincidencias son sorprendentes; la primera, en que todos tuvieron conciencia del deterioro y de las causas que lo produjeron.
Consideran que el docente no puede ser un par del alumno, sino mantener la distancia que supone cada rol. Un joven, a punto de ser expulsado por mala conducta, con ayuda de una profesora de Geografía, se reintegra al estudio y concluye: "Los alumnos deben respetar a los docentes". Hay errores normativos que hacen que el colegio no tenga formas de sancionar y poner límites. "Cada vez los chicos desaprueban más, hay una desidia total y los padres no tienen el rol que debieran. También hay mucho de apañar al alumno."
En cuanto a contenidos curriculares, señalan la falta de pensamiento crítico. "Hay muchas personas que sólo repiten lo que otros dicen. Sabemos que la ignorancia es la base de la manipulación."
Estos testimonios no surgieron de un estudio de eminentes pedagogos; es el producto de cinco años de convivencia con una política educativa que buscó formar al hombre mediocre y al ciudadano adscripto al pensamiento mágico, susceptible de creer en salvadores providenciales y acatar órdenes sin pasarlas por el filtro de su razón. La decadencia de la educación es sincrónica con la destrucción de las instituciones de la República, que durante décadas hemos padecido los argentinos. Muchos nos iremos de la vida sin haber disfrutado de sus virtudes, pero con la conciencia de haber hipotecado en su defensa quizás otro brillante destino profesional. No busquemos como prioridad salvar el colegio secundario, si antes no nos convocamos para salvar a la República.
La autora fue diputada nacional (UCR).
Agradezco el envío de la presente nota a Don Enrique Pereira